Introducción:
Quiero compartir con ustedes un logro significativo que representa un paso adelante en la promoción de la transparencia y el acceso a la información pública en nuestro país. A menudo, nos encontramos con obstáculos que utilizan la «protección de datos» como una excusa para negar el acceso a información que consideramos crucial, especialmente después de que el comodín de la pandemia haya perdido su vigencia. La protección de datos se ha convertido en un conjuro mágico que se utiliza para mantener en secreto información que debería ser accesible al público en general.
La Búsqueda de la Verdad:
En mi empeño por documentar un trabajo académico, decidí solicitar información sobre todos los procedimientos de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas relacionados con incumplimientos en materia de Protección de Datos a TODOS los Ministerios españoles. Mi solicitud era sencilla: pedía información sobre la existencia de estos procedimientos específicos y, en caso de que existieran, solicitaba copias debidamente anonimizadas. No me importaba quiénes eran las partes involucradas; mi interés residía en los fundamentos jurídicos y las resoluciones adoptadas.
La respuesta de los 22 ministerios fue variada. Algunos accedieron a mi solicitud sin reservas, mientras que otros se tomaron el tiempo de proporcionarme un resumen detallado de cada caso. Sin embargo, los ministerios de JUSTICIA e INTERIOR adoptaron un enfoque diferente y desafiante:
- JUSTICIA desvió mi solicitud a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que a su vez, se desentendió de la solicitud, como si se tratara de un problema ajeno (lo cual era predecible).
- INTERIOR, el ministerio con el mayor número de casos relacionados con este tema, solo aceptó parcialmente mi solicitud, ofreciéndome información numérica sobre los procedimientos por órgano y una breve reseña. Sin embargo, denegaron mi acceso a los expedientes completos.
La Lucha por la Transparencia:
Ante esta situación, decidí recurrir al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, y lo que sucedió a continuación es verdaderamente alentador: ¡me dieron la razón! El Consejo de la Transparencia no solo cuestionó la conducta de los ministerios, sino que también los obligó a proporcionarme la información solicitada en un plazo de 10 días.
Lecciones Aprendidas:
Este logro nos deja con varias lecciones importantes:
- Las resoluciones de los expedientes sancionadores son documentos públicos y accesibles para todos los ciudadanos.
- La protección de datos no debe utilizarse como una barrera para el acceso a la información pública, siempre y cuando los datos personales se disocien adecuadamente. Si, incluso después de la disociación, un órgano determina que la divulgación podría seguir vulnerando la privacidad, debe justificar su decisión de manera exhaustiva.
- Los accesos con fines científicos deben ser altamente valorados y facilitados.
- El acceso a la información no impide la protección adecuada de los datos por parte de la persona que accede a la información en el futuro.
Conclusión:
Aunque desconocemos si los ministerios recurrirán esta decisión, esta pequeña victoria representa un gran triunfo para todos nosotros. Demuestra que la lucha por la transparencia y el acceso a la información pública es posible y que la verdad puede prevalecer. Como abogado, estoy comprometido en seguir luchando por un sistema más transparente y justo para todos.