En el complejo universo del Derecho Administrativo, el camino para defender los derechos de ciudadanos y empresas frente a la Administración no siempre termina con la sentencia de un tribunal. Tras un largo proceso judicial, es posible obtener una resolución que, a nuestro juicio, no satisface las pretensiones o, lo que es más importante, contiene una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico. Es en ese momento cuando se abre una última puerta: el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Este mecanismo no debe entenderse como una tercera instancia donde volver a discutir todo el caso desde el principio. Se trata, en realidad, de una vía extraordinaria, un instrumento procesal de enorme calado diseñado para unificar la doctrina y garantizar que la ley se interpreta y aplica de la misma forma en todo el territorio nacional.
La Naturaleza y el Objeto del Recurso de Casación
El recurso de casación, regulado principalmente a partir del Artículo 86 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, es la culminación del sistema de garantías judiciales. Su objetivo no es revisar los hechos del caso o volver a valorar la prueba practicada, sino asegurar la correcta aplicación del Derecho por parte de los tribunales. Es, en esencia, una herramienta para crear jurisprudencia, estableciendo criterios uniformes que eviten la disparidad de decisiones y refuercen la seguridad jurídica.
Desde la reforma de 2015, la admisión de un recurso de casación no es automática. Es indispensable justificar la existencia de un «interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia», como exige el Artículo 88 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Esto significa que el Tribunal Supremo solo seleccionará aquellos asuntos que planteen cuestiones jurídicas novedosas, que afecten a un gran número de situaciones, que se aparten de la jurisprudencia existente o cuya resolución sea de interés general. La correcta fundamentación de este interés es el primer y más determinante paso para que el recurso sea examinado.
Cuestiones Frecuentes sobre el Recurso de Casación
La singularidad de este recurso genera numerosas dudas. A continuación, damos respuesta a algunas de las más habituales.
¿Qué tipo de sentencias pueden ser objeto de un recurso de casación contencioso-administrativo?
Generalmente, son recurribles las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional. La ley establece una serie de supuestos y excepciones, pero la clave reside en que la cuestión debatida tenga la suficiente trascendencia jurídica como para justificar la intervención del Alto Tribunal.
¿Cuál es el coste de un recurso de casación contencioso-administrativo?
Afrontar un procedimiento de esta naturaleza supone una inversión a considerar. El principal componente son los honorarios del abogado especialista en casación y del procurador, dada la alta especialización y el minucioso trabajo que requiere la preparación de los escritos. A esto podrían sumarse las tasas judiciales, aunque su aplicación ha variado con el tiempo. Además, un factor determinante es el riesgo de una condena en costas. Si el recurso es desestimado, es muy probable que se impongan las costas procesales a la parte recurrente, lo que puede incrementar notablemente el desembolso final.
La figura del abogado en la casación contencioso-administrativa
La elección de un abogado para un recurso de casación es una decisión fundamental. No es suficiente con un conocimiento general del Derecho Administrativo; se requiere una profunda experiencia en la llamada «técnica casacional». Esto implica saber identificar con precisión el interés casacional objetivo, construir una argumentación jurídica sólida y persuasiva, y conocer los criterios de la Sala de Admisión del Tribunal Supremo. La preparación de este recurso es un trabajo de orfebrería jurídica donde cada argumento debe estar orientado a convencer al Tribunal de la necesidad de su pronunciamiento.
Conclusión: La Importancia de una buena Defensa
El recurso de casación contencioso-administrativo es una herramienta poderosa para la defensa de los derechos y para la correcta aplicación de la ley. Sin embargo, su carácter extraordinario y sus estrictos requisitos lo convierten en un camino lleno de desafíos. La posibilidad de que el Tribunal Supremo revise una sentencia y nos dé la razón depende, en gran medida, de una estrategia jurídica impecable y de una defensa técnica de la más alta calidad.
¿Cree que su caso podría llegar al Tribunal Supremo?
Si se encuentra ante una sentencia que considera injusta o que infringe la legalidad, es fundamental contar con el asesoramiento de un especialista desde el primer momento. Piense en situaciones como las siguientes:
- Una empresa del sector de las energías renovables ha visto cómo se le denegaba una autorización para un parque fotovoltaico de gran envergadura. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia confirma la denegación basándose en una interpretación de la normativa ambiental que la empresa considera errónea y que, además, podría afectar a numerosos proyectos similares en el futuro.
- Un particular ha sufrido la expropiación de un terreno para la construcción de una infraestructura pública y la indemnización fijada (el justiprecio) ha sido confirmada por los tribunales, pero aplicando unos criterios de valoración que se apartan de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, causándole un grave perjuicio económico.
La complejidad de estos procedimientos exige una intervención letrada que pueda evaluar la viabilidad del recurso, identificar el interés casacional y construir una argumentación solvente. Como abogado especialista en contencioso-administrativo, puedo ofrecerle la experiencia y el conocimiento necesarios para afrontar con garantías este tipo de recursos. Le invito a contactar conmigo para analizar su caso y explorar las mejores opciones para la defensa de sus intereses.